23.04.2008
Mario Uribe Escobar, una propuesta indecente
2. ¿Quién es Mario Uribe?
4. Que actúe la justicia
Con la detención, en plena sede de la embajada de Costa Rica en Bogotá, terminó anoche bajo custodia de la Fiscalía, el ex senador Mario Uribe Escobar, después de intentar evadir la medida de aseguramiento que había dictado la Fiscalía General por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Antes de su captura, que se produjo en medio de un operativo de acordonamiento de la sede diplomática, el ex senador había llegado cerca de las 11 de la mañana a la Embajada de ese país, en busca de asilo político, tras conocer que la Fiscalía había ordenado su detención bajo el delito de concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley. Así lo anunció su abogado defensor, José del Carmen Ortega, quien dijo a los periodistas que el hecho de buscar asilo político no detenía el proceso judicial de su defendido.
Sin embargo, la "jugada política" no le funcionó al ex senador, pues el gobierno de Costa Rica consideró "improcedente dicha solicitud". El Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano agregó en un comunicado que se conoció hacia las 7 de la noche, que "en conocimiento de los antecedentes del caso, provenientes, en particular, de la Fiscalía de Colombia; amparado en los principios y normas del derecho de asilo, y con base en la información disponible, considera improcedente dicha solicitud".
Algo similar ocurrió cuando las ex congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda solicitaron asilo a ese país, el mismo que les fue negado tras las consultas al Gobierno de Colombia, en las que quedó claro que ambas ex parlamentarias no eran perseguidas políticas. La Fiscalía dictó la medida de aseguramiento contra Uribe Escobar argumentando que "es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar, Salvatore Mancuso, antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri", en noviembre de 1998".
En una entrevista concedida al periodista Juan Carlos Giraldo, del Canal RCN, Mancuso confirmó que sostuvo una reunión con el entonces senador Uribe. Dijo que se habló del tema de la paz, pero no de acuerdos políticos o de votos. En la cita también participó la ex representante Eleonora Pineda, hoy detenida por el proceso de la parapolítica. Anoche, después de conocer la decisión del gobierno de Costa Rica de negar el asilo, el presidente Álvaro Uribe expresó su opinión. "La medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe, me duele. Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público".
Revuelo político
La decisión de Uribe Escobar de solicitar asilo causó tal revuelo político que hasta representantes de las víctimas del paramilitarismo protagonizaron una protesta pacífica ayer frente a la sede diplomática de Costa Rica para exigir que no se concediera esa petición.Los manifestantes permanecieron frente a la Embajada durante todo el día, gritando consignas y exigiendo la entrega a la justicia colombiana de Uribe Escobar. Y se quedaron allí hasta que los miembros del CTI de la Fiscalía ejecutaron la orden de captura contra el ex senador.
Opiniones
“Es lamentable que un parlamentario de esta trayectoria no se someta a la justicia, es parte de ese ambiente del Gobierno contra la Corte. No veo allí configurado el asilo político. Ojalá eso no ocurra, pero se respetará la decisión de Costa Rica”, opina César Gaviria Trujillo, presidente del Partido Liberal. “Mario Uribe tiene la presunción de inocencia, hay que respetar la decisión de una de las ramas del poder que es la justicia colombiana y hay que acatar el auto que ellos emitan. Así lo ha entendido siempre el Partido Conservador”, declara Efraín Cepeda, senador y presidente del Partido Conservador. “Lo sucedido con Mario Uribe, primo del Presidente, fundador con el Presidente de Colombia Democrática, cuya bancada está toda en la cárcel por paramilitarismo, es un indicio más de que el gobierno se mueve en el mundo de la parapolítica”, dijo Gustavo Petro, senador del Polo Democrático Alternativo. “Lo que se está mostrando es que la adquisición de curules en el Congreso no se hizo por la vía libre, sino por la vía de la intimidación. La verdad está saliendo a flote, para evitar víctimas futuras es necesaria la verdad y hay que respaldar a la Fiscalía y la Corte”, estima Gina Parody, senadora Partido de la U. “Para pedir asilo a un país extranjero es necesario que se trate de una persecución política o de delitos relacionados con la política, pero no de delitos comunes. “Cuando se trata de delitos puramente comunes que no tienen ninguna relación con los delitos políticos, no cabe el asilo”, dijo José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional.
Mario de Jesús llega al Senado en 1994, luego que su primo decidiera aspirar a la gobernación de Antioquia. Dese entonces se mantuvo en esa corporación legislativa, de la que fue presidente entre los años 2000 y 2001. Renunció a su curul en octubre de 2007, cuando fue vinculado a la parapolítica. En las elecciones legislativas de 2002, Uribe obtuvo la sexta votación del país, con más de 116 mil votantes. En 2006, de nuevo con su propio partido político, obtuvo 66 mil votos. Su partido, Colombia Democrática, obtuvo tres escaños en el Senado, pero por el escándalo de la parapolítica ya son cuatro los cobijados con orden de captura. Inicialmente fue el senador Álvaro García Romero (tercer renglón), luego fue detenido Miguel de la Espriella y el pasado lunes fue capturado quien reemplazó a Uribe tras su renuncia, Ricardo Ariel Elcure.
Mario Uribe no pudo eludir a la Fiscalía
El País, Cali
El Gobierno de Costa Rica le negó al Presidente de Colombia Democrática una petición de asilo. Anoche fue detenido en la Embajada ‘Tica’ por miembros de la Fiscalía.
El golpe moral y político más duro por la llamada parapolítica, sufrió ayer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tras la orden de captura que profirió la Fiscalía General en contra del ex senador Mario Uribe Escobar, presidente del Partido Colombia Democrática y primo del Presidente de la República. A la medida judicial se le agrega el bochornoso incidente protagonizado por el ex congresista al buscar un asilo político en Costa Rica, alegando una persecución en su contra en Colombia.
Ese intento ocasionó la airada reacción de las familias de las víctimas de paramilitares, que ante la sede diplomática de ese país (donde estaba Uribe Escobar) exigieron con gritos, cánticos y hasta burlas, su entrega a la justicia. Finalmente, el país centroamericano negó la petición de asilo, tras calificarla de “improcedente”. “La histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada”, explicó el Ministerio de Exteriores costarricense en un comunicado en el que, además, expresó su “preocupación de que busque evadir los requerimientos de la justicia colombiana”.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inició ayer una investigación preliminar, dentro del proceso de la parapolítica, en contra del representante a la Cámara por Antioquia Jorge Ignacio Morales Gil. En la actualidad Gil, quien hace parte de las toldas liberales, integra la Comisión VII de Cámara, a la que llegó en las elecciones de 2006, gracias a los 23.612 votos que obtuvo.Con Mario Uribe, ya son 33 los congresistas detenidos por supuestos nexos con miembros de las AUC.
Al conocerse esta decisión, cientos de presentes en la sede diplomática intentaron impedir la salida del carro escoltado en que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación trasladaron al ex parlamentario al búnker de la Fiscalía, e incluso lo apedrearon. La situación, según los expertos, profundiza aún más la crisis que vive el país y que mantiene enfrentados al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia por cuenta de los procesos penales en curso contra 61 parlamentarios. “Esta es la expresión más grave de la crisis, no solo por su captura en sí, sino por lo que representa Mario Uribe para el Presidente de la República”, explicó el analista Camilo González Posso.
De acuerdo con el experto, la captura del ex Senador “representa la mayor pérdida de legitimidad para el Congreso y para el Gobierno, pues el 80% de los votos uribistas han sido cuestionados, y son los mismos votos con los que fue elegido el Jefe del Estado”. Aunque la decisión de Costa Rica era de esperarse, en opinión del ex Consejero de Seguridad Nacional Carlos Eduardo Jaramillo, la situación se complica más en el plano institucional “pues este hecho refleja la poca credibilidad que tiene el Congreso en el Poder Judicial”.
El politólogo Juan Manuel Charry agregó que el ex congresista buscaba “evadir la acción de la justicia colombiana”, pero destacó la labor que ha venido cumpliendo el poder judicial. “Por fortuna, las instituciones siguen funcionando. Lo que queda demostrado es que el Estado es vulnerable al narcotráfico y el paramilitarismo”, dijo.
Los expertos, no obstante, advirtieron que la situación puede empeorar, si se considera que el Gobierno promueve la creación de un tribunal especial que se encargue de juzgar a los altos dignatarios del Estado -Presidente de la República, magistrados y congresistas-, funciones que hasta hoy ostenta la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. “Lo más preocupante es que nadie sabe hasta dónde llegará esto. A nivel interno, la crisis se maneja con encuestas favorables al Gobierno, pero a nivel externo la imagen del país es pavorosa”, destaca el ex ministro González Posso. Un aspecto que indican las fuentes consultadas por El País es que la crisis de la parapolítica tendrá más consecuencias, todavía impredecibles.
Se refieren a las propuestas de cerrar el Congreso, convocar una Asamblea Constituyente, la polémica reforma política que cursa en el Congreso y hasta a la posible segunda reelección del presidente Uribe. Asimismo, dicen que un punto a destacar es que, pese a las diferencias con el Gobierno, la Rama Judicial ha obrado “con independencia”, pero no descartan que pudiera presentarse una crisis aún mayor: una especie de ‘golpe institucional’ a las altas cortes. Al cierre de esta edición trascendió que el ex senador Uribe sería trasladado a la cárcel Picota de Bogotá, donde están recluidos varios de los parlamentarios investigados por parapolítica.
Comunicado de la casa de Nariño
"La medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe me duele. Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público”.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República.
Ver comunicado oficial
Sindicaciones
Dos son los líos que comprometen al ex senador Mario Uribe con paramilitares. El primero surgió por uno de los testimonios de Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, el ex paramilitar que trabajó como escolta personal de hombres cercanos al ex congresista Álvaro García Romero. ‘Pitirri’, en Canadá, dijo bajo la gravedad de juramento que vio a Mario Uribe reunido con paramilitares en el norte del país. Según él, Uribe pretendía conseguir tierras baratas en zona rural de Caucasia. También habló de otra reunión en Sahagún (Córdoba), para fines similares en Sucre.
El argumento de defensa de Uribe fue que no tiene tierras en Caucasia ni en Sucre y sus propiedades son una finca ubicada entre Sahagún y Ciénaga de Oro, en Córdoba, que la compró en 1991 y que las únicas tierras que ha adquirido posteriormente fueron lotes aledaños. El segundo lío surgió por un testimonio de Salvatore Mancuso, que confesó que se había reunido con Uribe Escobar en dos oportunidades, con el propósito de concertar una eventual coalición política con la ex congresista Eleonora Pineda para las elecciones de 2002, quien haría parte de las filas de Colombia Democrática. De allí fue expulsada antes de las elecciones del 2006
Según Mancuso, él le pidió a Eleonora Pineda que le presentara a Mario Uribe y reveló que así se concertó una reunión.
Perfil
Mario Uribe Escobar. Nació en Andes, Antioquia. Es abogado de la Universidad Autónoma de Medellín. Inició su carrera política como Concejal de ese municipio. De ahí en adelante se abrió paso para ascender a diputado de la Asamblea de su departamento, de donde saltó a representante a la Cámara de 1986 a 1994, siendo vicepresidente de esa corporación entre 1990 y 1991. A lo largo de esos años siempre hubo a su lado un hombre que lo acompañó en la dura brega política y en los primeros años de la práctica parlamentaria. Ese compañero casi inseparable fue su primo Álvaro Uribe Vélez en el movimiento Sector Democrático. En 1994 llegó al Senado y desde entonces, hasta octubre de 2007, participó del devenir legislativo en una etapa no muy fructífera del Congreso. Fundó el Partido Colombia Democrática en el 2003, cuya base era el Sector Democrático. Fue uno de los impulsores de la reelección del Mandatario.
El proceso
En septiembre pasado la Corte decidió llamar a indagatoria a Mario Uribe, por presuntos nexos con miembros de las AUC. El entonces Senador renunció a su curul. En diciembre, la Fiscalía, dos meses después de haber recibido el expediente, decidió abrirle una investigación formal. El pasado 12 de diciembre, Uribe rindió indagatoria en la Fiscalía. Cuatro meses después, la Fiscalía consideró procedente la medida de aseguramiento en contra del ex senador antioqueño, orden que se emitió ayer.
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Abril 23 de 2008
Un ex congresista con orden de detención, tras ser vinculado al escándalo de la parapolítica, entró a la Embajada de Costa Rica en Bogotá a pedir asilo, argumentando persecución política. Con ello aparece una nueva faceta en un asunto que cada vez demanda soluciones más profundas y urgentes para devolverles la credibilidad a las instituciones democráticas en Colombia.
En virtud de que Mario Uribe renunció a su fuero, su proceso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que le dictó auto de detención. Tal renuncia buscó que fueran este organismo y la justicia ordinaria los que se encargaran de investigar y juzgar su conducta, con lo cual evitó que esas funciones fueran cumplidas por la Corte Suprema de Justicia, su juez natural. Y con lo cual tendrá derecho a las dos instancias que ordena la ley en un proceso penal común y no a la instancia única que dispone la Constitución en el caso de los congresistas.
El ex senador Uribe es fundador y presidente del Partido Colombia Democrática, cuyos representantes, casi en su totalidad, están en idénticas circunstancias. Uno de ellos ya fue condenado y otros dos aguardan los desarrollos de unos procesos en los cuales se han cumplido los procedimientos que ordena la ley. Ellos son parte del escándalo que a diario arroja un nuevo dirigente político o legislador vinculado por los órganos judiciales a sus investigaciones o un capturado con base en las sindicaciones que les han hecho. Estas consideraciones llevaron al dirigente a alegar una persecución en su contra, basada en consideraciones políticas, una de las razones para pedir el amparo del asilo. Lo que no aceptó la Cancillería costarricense, reconociendo que él goza de las garantías necesarias para su defensa.
Este es otro giro del fenómeno desencadenado por las investigaciones de nexos entre grupos de violencia y miembros del Legislativo, hechos registrados en las elecciones parlamentarias del año 2002 e incluso antes. Por fortuna, la actuación del ex senador, pretendiendo crear dudas sobre la imparcialidad de nuestra justicia, recibió el rechazo de Costa Rica, que acogió las informaciones suministradas por la Fiscalía colombiana. Con lo cual no se repetirá lo acontecido con Álvaro Leyva Durán, a quien el órgano investigador acusó de enriquecimiento ilícito y recibió asilo en el país centroamericano.
La Fiscalía actuó con base en las pruebas que ha acumulado y le corresponde a Uribe defenderse, en vez de pedir asilos que pretenden evadir los procesos en su contra y desconocen la imparcialidad y la objetividad de nuestra justicia. Mientras tanto, es de desear que se produzcan los acuerdos necesarios para impulsar una reforma política profunda, que permita despejar las dudas sobre la disposición del Congreso para enfrentar asuntos que, como la parapolítica, implican a sus integrantes. Porque Colombia no puede seguir expuesta al escándalo diario y a los palos de ciego para resolver una crisis que ya está tocando las bases mismas de la democracia, como son la legitimidad y credibilidad del Legislativo.
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Es inaceptable que Mario Uribe haya pretendido burlar la justicia. Por fortuna Costa Rica negó el asilo. La mejor manera de defender a Colombia es buscar la verdad, promover la transparencia y evitar caer en la trampa de quienes pretenden refundar un país ajeno a la voluntad de la mayoría
Indecente que Mario Uribe Escobar, congresista por 22 años y ex presidente del Senado, desconozca la potestad y legitimidad de la justicia colombiana. No de otra forma puede calificarse su solicitud de asilo político ante la embajada de Costa Rica, en Bogotá, minutos después de conocer la medida de aseguramiento que le dictó la Fiscalía General de la Nación.
¿Pero por qué la Fiscalía no llegó de una vez por él, como ha llegado por tantos otros? ¿Por qué le dio la oportunidad de decir que se entregaría y de engañar a la justicia y a todos los colombianos, al pedir refugio en la legación diplomática costarricense?
La orden de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, la profirió un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, al resolverle la situación jurídica después de haberlo oído en indagatoria. El delito por el cual se le investiga es el de "concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley".
Mario Uribe renunció a su investidura de senador para sustraerse a la competencia de la Corte Suprema de Justicia y acogerse a la de la Fiscalía y la justicia ordinaria. Este proceder, aunque legal, no es de buen recibo.
Rechazamos rotundamente la petición del ex congresista. Mario Uribe ni siquiera debió intentar ser favorecido con un asilo político, que se concede sólo en casos de persecución, no cuando la persona es acusada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de la ONU. El supuesto concierto para delinquir para promover grupos armados ilegales no cabe en la categoría de delitos políticos.
Por fortuna, el gobierno de Costa Rica consideró improcedente la petición de Mario Uribe, luego de evaluar las condiciones exigidas a la luz del Derecho de Asilo.
Es obvio que el ex parlamentario pretendió eludir la acción de la justicia colombiana. Esto es aún más inconcebible en quien tiene formación jurídica, participó en la elaboración, interpretación y reforma de muchas leyes y ostentó la alta dignidad de congresista y llegó a presidir el Legislativo.
El presidente Álvaro Uribe, en un mensaje claro, corto y oportuno, convoca a todas las ramas del poder público y a los ciudadanos a preservar la institucionalidad de Colombia: "La medida de aseguramiento contra el Senador Mario Uribe, me duele. Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público".
Colombia pasa por momentos muy difíciles y no hay mejor manera de defenderla que buscar la verdad, toda la verdad, promover la transparencia y evitar caer en la trampa de quienes, desde distintas orillas políticas e ideológicas o delincuenciales, quieren acabar con la institucionalidad para refundar un país ajeno y extraño a la voluntad de la mayoría de los colombianos. El Presidente Uribe no debe renunciar a su liderazgo ni dejar perder el norte. Y el pueblo debe rodearlo en este trago amargo.
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No es hora de improvisar
La cascada de acontecimientos de las últimas 48 horas ha puesto al país al borde de una delicada crisis político-institucional. Los hechos se suceden a ritmo vertiginoso y desconcertante. Basta enumerarlos para entender la explosiva complejidad de lo que se puede estar incubando.
La Fiscalía ordena la detención por concierto para delinquir del ex senador Mario Uribe, primo y aliado del Presidente, quien pidió sorpresivo asilo -rechazado- en Costa Rica; el presidente Uribe propone una "comisión de reajuste institucional" y un "tribunal especial", que desata polémicas reacciones; se lanzan rumores, rechazados con vehemencia por el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General, de que jefes paramilitares habrían sobornado a magistrados para asegurar la elección del fiscal Iguarán; la Corte indaga a la ex congresista Yidis Medina por supuestas prebendas recibidas para votar la reelección de Uribe; el Consejo Seccional de la Judicatura acepta una tutela de las víctimas para congelar la extradición de 'Macaco'; Salvatore Mancuso anuncia nuevas revelaciones sobre la penetración del paramilitarismo en el Congreso y el poder judicial; el Partido Liberal, que había llegado a un acuerdo con el uribismo en el Congreso sobre el trámite de la reforma política, reacciona duramente a los anuncios del Presidente y en un sólido pronunciamiento de su jefe, el ex presidente César Gaviria, previene sobre enormes peligros de crear comisiones para quitar a la Corte su misión institucional, y se dice dispuesto a examinar iniciativas como el adelanto de las elecciones o una constituyente.
Apenas algunos de los hechos más impactantes de estos días. ¿Guerra de ventiladores alimentada por el paramilitarismo? ¿Comedia de equivocaciones de los poderes institucionales? ¿Encrucijada o hecatombe? Un poco de todo, sin duda. Pero lo claro y cada vez más preocupante es que el país se está "descuadernando", como hubiera dicho el ex presidente Carlos Lleras. Y que puede entrar en una inquietante desestabilización, con graves efectos sobre la economía, la imagen internacional y la inversión extranjera, de continuar este choque entre los poderes que soportan nuestro andamiaje democrático.
Para empezar, preocupa que los últimos actos y declaraciones del Gobierno transmitan al país la impresión de que la Corte Suprema de Justicia está urdiendo un complot contra el Presidente. Los mensajes de Uribe, que llaman a la objetividad de los fallos judiciales, y del ministro Carlos Holguín, en declaraciones a este diario, que manifiesta dudas en cuanto a la imparcialidad del alto tribunal, y el tono de la reunión de las mayorías uribistas en Palacio, con propuestas de reforma política que llegaron a insinuar incluso el remplazo de la Corte por otro tribunal para juzgar a parlamentarios y al propio Primer Mandatario, indican que el Gobierno siente que la Corte no está siendo imparcial en la 'parapolítica'. Y que sus decisiones tocan cada vez más directamente al círculo íntimo del Presidente, como lo están presentando los medios internacionales.
La situación difícilmente podía ser más complicada. El equilibrio entre los poderes públicos y el respeto y confianza entre ellos es, por definición, la garantía de estabilidad de las democracias. Con mayor razón en un país con los problemas del nuestro, y más aún cuando la Corte es el eje central de manejo institucional de un tema de la complejidad e implicaciones de la 'parapolítica'. De allí la importancia de la forma en que se salga de este atolladero. No bastan llamados genéricos a la prudencia y el respeto por las instituciones. Y, por supuesto, atizar la confrontación entre los poderes sólo llevará a empeorar las cosas.
El propio presidente Uribe, apoyado en la legitimidad que le otorgan sus altísimos índices de aceptación, ha reivindicado sistemáticamente como un logro de su gobierno que las investigaciones por nexos entre políticos y paramilitares han avanzado bajo la conducción independiente del poder judicial. De allí la importancia -como lo pidió César Gaviria- de apoyar al alto tribunal y a la Fiscalía para que lleven hasta las últimas consecuencias -y con el rigor jurídico requerido- esta investigación de nexos entre políticos, mafiosos y paramilitares. Y la necesidad de una reforma política que, a diferencia de la versión edulcorada que se trata de aprobar, ponga claros frenos y castigos a la penetración que estos lograron en el Congreso, entre ellos el de dejar vacía la curul no bien sea detenido quien la ocupe por 'parapolítica', sin esperar hasta una lejana sentencia. Sólo avances claros en esta dirección, sin que nadie se atraviese en la labor de la Corte y la Fiscalía, y con una reforma política que envíe un mensaje claro y contundente al país, permitirán que el Congreso recupere su legitimidad perdida.
Además, es necesario diferenciar. Una cosa son la 'parapolítica' y sus implicaciones, y otra los problemas de fondo que arrastra el sistema electoral y de partidos. Pretender meterlos juntos en el saco de la reforma política sólo dará al traste con las soluciones para uno y otro fenómeno. A estas alturas, adelantar las elecciones, convocar una constituyente o empujar una reforma constitucional para cambiar el andamiaje institucional pueden agravar lo que se pretende resolver. Un país coherente usa las instituciones que tiene para resolver las crisis; una 'banana republic' las cambia al vaivén de las necesidades.
Y de eso se trata, justamente. De que las instituciones que hoy tiene el país, de gran tradición y estabilidad, funcionen. El Ejecutivo y la Corte deben desmontar de inmediato el tono pugnaz de sus comentarios. El Gobierno tiene una inmensa responsabilidad. No puede incurrir en salidas en falso, como la de un "reajuste institucional" en semejante momento; ni debe maquillar la reforma política; ni permitirse declaraciones imprudentes, como las que dio la semana pasada en la radio un cercano asesor en el sentido de que el proceso de Mario Uribe iba muy bien (de paso, nada hace más daño al Presidente y a su imagen internacional que su insólito pedido de asilo en Costa Rica, oportunamente denegado por el gobierno de ese país). La Corte debe cumplir su papel con serenidad, firmeza y sin tentaciones mediáticas. Y sin que otros poderes le pongan palos en la rueda. Y el Congreso está en la obligación de hacer lo que tenga que hacer para purgarse y recuperar legitimidad.
Si los protagonistas diversos de este enfrentamiento político-judicial no actúan con la serenidad, altura y responsabilidad que demanda la situación, Colombia podría sufrir un grave retroceso. Que todos acabaríamos lamentando, uribistas, antiuribistas y, sobre todo, el pueblo colombiano, que no participa en las peleas de sus dirigentes, pero es el que siempre acaba pagando los platos rotos.
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Un procureur délégué auprès de la Cour suprême de justice a découvert suffisamment d'indices sur des liens présumés avec des groupes paramilitaires et des irrégularités dans l'achat de terres à ces milices d'extrême droite pour décider la détention préventive de Mario Uribe. Mario Uribe, qui est très lié avec le président, a annoncé à la presse qu'il se livrerait dans les prochaines heures aux autorités au siège du Parquet à Bogota.
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April 23, 2008
BOGOTA, Colombia, April 22 -- Authorities on Tuesday arrested former senator Mario Uribe, a cousin and close ally of President Álvaro Uribe, for alleged ties to death squads in a widening inquiry that has implicated nearly a quarter of Colombia's Congress. The arrest of the former senator, who built a formidable political movement that helped his cousin win the presidency in 2002, comes during an institutional crisis that has tarnished a country closely allied with the United States.
As the result of investigations that began in 2006, 32 members of Congress have been arrested and about 30 others are being formally investigated for ties to paramilitary groups that killed thousands of civilians, infiltrated state institutions and trafficked cocaine to the United States. Preliminary investigations have begun against dozens of others, including the president of Congress, Nancy Patricia Gutiérrez, who was implicated last week. With the legitimacy of Congress at rock bottom, lawmakers have been locked in a series of heated debates over how to reform the 268-member body and punish those parties whose members have been linked to paramilitary groups. "What we've seen happen is a de facto alliance between powerful economic interests and narco-traffickers, and the motives were to co-opt institutions and convert Colombia itself into a criminal enterprise," said Sen. Gustavo Petro, who has publicly denounced ties between his colleagues and paramilitary members. "Congress is one of the institutions that's been co-opted."
In the case of Mario Uribe's party, Democratic Colombia, five of six members who held seats in Congress have been accused of collaborating with paramilitary groups, with one member, Sen. Álvaro Garcia, charged with helping to organize a massacre. Uribe, who is accused of meeting with a notorious commander named Salvatore Mancuso to plan land grabs, fled to the Costa Rican Embassy in Bogota on Tuesday and applied for political asylum. He was rejected hours later, with San Jose calling the petition "inappropriate" because of the outstanding warrant.
Uribe was arrested as he left the embassy, but not before police and protesters jostled outside the compound, located in a residential neighborhood. "The Mario Uribe situation is very delicate for the president," said Elisabeth Ungar, a political scholar at the University of the Andes in Bogota who directs Visible Congress, a group monitoring the legislature. "He's his cousin, and he's done politics with him all his life. He's the closest person to the president who's ever fallen." The latest developments are expected to further complicate Colombia's efforts to win support in Washington for a free-trade agreement, which has been blocked by Democrats concerned about rights abuses here and opposition to trade deals in their home districts.
The inquiry into ties between paramilitary groups and politicians has not directly damaged President Uribe, even after Petro, the senator, charged in a hearing last April that death squads met at an Uribe family ranch in the 1980s to plot murders. The government strenuously denied the allegations, and Uribe's approval rating recently reached 84 percent as a result of the government's battlefield successes against the country's guerrilla movement, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. Still, the simmering scandal has indirectly hurt Colombia's president, the Bush administration's closest ally in Latin America and the beneficiary of billions of dollars in American military aid. Recently jailed allies include Carlos García, president of the pro-Uribe U Party, and Sen. Rubén Quintero, who was Uribe's private secretary when he was governor of Antioquia state in the late 1990s.
Uribe's allies are eager to see him serve a third four-year term, even though that is prohibited by the constitution. In 2005, the Constitutional Court approved an amendment that allowed him a single re-election in 2006. Many analysts here believe it is impractical for a tarnished Congress to try to amend the constitution or find other ways to spearhead another reelection effort. "There's no possibility in a Congress with so much illegitimacy," said Claudia López, who co-authored "Parapolitics," a book about links between lawmakers and paramilitary commanders.
The legislature's image was further damaged Sunday after the Channel One news station aired an interview with a former congresswoman, Yidis Medina, who said the Uribe administration offered to provide jobs for her allies in return for her vote in favor of the 2004 constitutional amendment that permitted Uribe to run for reelection in 2006. That vote proved essential to the amendment's passage. Government officials denied Medina's accusations, but the attorney general's office has opened an investigation.
Lawmakers are now considering a reform package that would, among other things, take away seats in Congress from parties whose members are convicted of crimes. Pro-government parties are also considering the possibility of naming a commission of "notables" to propose reforms and creating a special tribunal to judge lawmakers. López, an analyst who writes a column about politics in the El Tiempo newspaper, said Colombians are particularly incensed that tainted parties have not lost seats, even as their members sit in jail awaiting trials. "These congressmen who are going to jail are being replaced in Congress, as if they're out sick," she said.
A more reasonable solution, she and Ungar said, would be to "freeze" their seats, with the party losing it permanently if the lawmaker is convicted. Most of the politicians implicated in the scandal have had close ties to Uribe, and many of them supported the constitutional change that permitted him to run for reelection. Still, the "para-politics" scandal has touched politicians from nearly every party, including the opposition Liberal Party, which has more members linked to the paramilitary groups than any other.
After a preliminary investigation was opened against Gutiérrez, the president of Congress, Uribe called for prudence and "objectivity" among investigators in the Supreme Court, which in Colombia spearheads investigations of wrongdoing by lawmakers. Carlos Holguín, the interior and justice minister, expressed concern that the court was permanently damaging Congress and jailing lawmakers without hearing their side of the story. "We have reservations over the elements being considered in opening investigations and taking away people's liberties," Holguín told El Tiempo on Sunday.
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Agregó que no tiene ninguna información sobre casos concretos de Militares interceptando Policías. Sostuvo que se está desarrollando un investigación muy seria con varias tesis sobre infiltración de carteles, bandas delincuenciales u otras organizaciones. "Sería irresponsable de mi parte entregar cualquier información sobre una investigación en curso", enfatizó el Funcionario.
Finalmente, Santos reveló que el Gobierno de Estados Unidos certificó nuevamente la base de Palanquero que había sido vetada por los hechos de Santo Domingo registrados en 1.998. "Ahora se podrá entregar a esa base ayuda económica proveniente de los Estados Unidos", finalizó.
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La tutela (recurso) fue presentada contra el presidente Álvaro Uribe, el canciller, Fernando Araújo, y el ministro del Interior, Carlos Holguín, quienes habían determinado la extradición de Jiménez. Sin embargo, la decisión de la magistrada puede ser apelada ante un tribunal superior. Para presentar el recurso, familiares de víctimas se basaron en declaraciones del propio ex jefe paramilitar, quien en una audiencia ante la Fiscalía confesó haber cometido crímenes de lesa humanidad, más graves que el narcotráfico, que deberían ser juzgados en Colombia. Además, argumentaron que la Justicia debía garantizar su derecho a la Justicia, la memoria, la verdad y la reparación integral.
El Gobierno había dicho que no extraditar a Jiménez era hacerle el juego a una estrategia del ex paramilitar, encaminada precisamente a no comparecer ante la justicia de los Estados Unidos. El gobierno de Uribe y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), realizaron una negociación de paz que en el 2006 permitió la desmovilización de unos 32.000 hombres en armas. Los jefes de las Auc acusados de delitos de lesa humanidad comparecen ante fiscales especiales, luego de acogerse a una ley especial que les ofrece penas de prisión de máximo ocho años, si confiesan y reparan a sus víctimas.
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El cardenal Alfonso López será sepultado hoy en el Vaticano
ROMA.- Exactamente tres años después de que el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo ejerciera como una suerte de jefe de debate de la ‘campaña’ que llevó al trono del catolicismo al papa Ratzinger, el Pontífice preside hoy en San Pedro las exequias de su amigo. Como el más hábil político, el prelado colombiano logró encaminar una votación que, según datos secretos de un rebelde que dejó conocer su diario durante el pasado cónclave, no favorecía con la mayoría necesaria al ‘Guardián de la fe’ (Ratzinger), que también era el recomendado por su antecesor Juan Pablo II.
Cuenta ese diario, que luego publicó la revista La Clave de España, que en el primer escrutinio Joseph Ratzinger logró sólo 47 papeletas, lo que no permitía a sus electores proclamarlo Papa, pues necesitaba un total de 77 votos. El mayor opositor del actual Papa fue el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, quien en la tercera votación enfrentó a Ratzinger con 40 votos. En ese mismo conteo apareció uno por Darío Castrillón, el otro cardenal colombiano. Sólo en el cuarto intento y cuando, según cuentan, “empezaron a moverse el colombiano López Trujillo, el chileno Jorge Medina y el Secretario de Estado de entonces, Angelo Sodano, el purpurado alemán logró la mayoría con 84 votos, pues de no ser así los príncipes electores tendrían que haber buscado un “papa de consenso”, ya que el gran favorito, Carlo Naría Martín , había desechado el mérito de su postulación.
Esa es una de las muchas anécdotas de López Trujillo, quien podría decirse que en casi todos los actos de su vida pública subió indistintamente en los podios de héroe y de villano. Durante la visita de Juan Pablo II a Colombia se le criticó duramente por su apoderamiento autoritario de todos los actos del Pontífice aquí. Se recuerda el retiro apresurado en Popayán del indígena páez que quiso denunciar los atropellos contra su comunidad y fue sacado de su tribuna, aunque el Papa lo invitó al final a “dialogar rápidamente”. Se cuestionaron en aquella oportunidad muchas ‘visitas’ que varios prelados consideraban innecesarias, pero se hacían por orden del cardenal López Trujillo.
Durante el encuentro episcopal de Puebla, México, se revelaron cartas en las que López Trujillo prevenía entre otros a su colega Primatesta para “manejar la asamblea, de modo que esas fuerzas oscuras de la teología de la liberación no atenten contra la Iglesia instituida...” Recuerdo muchas prevenciones entonces con el episcopado brasileño que presidía el gran cardenal Aloisio Lordsheider. En Roma, el arzobispo de Fortaleza y el respetado don Helder Camara, llamado desde la reunión de Medellín–68- ‘El obispo rojo’, me había prevenido sobre “lo espinoso que va a resultar el encuentro de México, porque el bloque conservador se está moviendo fuerte con su líder López Trujillo”.
Ya antes tuve una anécdota particular en el momento de la elección de Karol Wojtyla. En mi puesto de transmisión de RCN, en un recodo de la Plaza de San Pedro todos “nos quedamos de piedra” –así lo narre entonces-, cuando oímos el nombre del elegido. La biografía que teníamos los 470 periodistas en la sala Paulo VI era de sólo quince renglones, que resumían la vida clerical del cardenal de Cracovia; alguno alcanzó a narrar a sus oyentes que era un papa africano al oír el nombre polaco.
A los poco minutos se me presentó un joven obispo, quien dijo ser auxiliar de Medellín, y comenzó a narrar la historia, los libros escritos por el nuevo Papa, que venía de la iglesia del silencio y, finalmente me contó sobre su amistad que comenzó durante un aguacero en Roma, y así se fueron las dos horas que habrían sido un desastre para todos los periodistas que teníamos la noticia mundial en la mano. Esa tarde fue histórica y, sin lugar a dudas, resultó llena de vivencias bien contadas, que el futuro cardenal López Trujillo me regaló para bien de los oyentes.
En cuanto a su manejo y posición sobre la familia, el aborto, el uso del condón para prevenir embarazos y el sida, el divorcio, las bodas entre homosexuales y la pederastia en la Iglesia, parece pronto para hacer un juicio. Será la historia eclesiástica la que diga si el extinto prelado antioqueño tuvo o no razón en las duras batallas que dio a lo largo de su larga vida religiosa, que en honor a la verdad, libró con convencimiento y sustento de sus amigos científicos.
El sepelio
El funeral del cardenal Alfonso López Trujillo se hará hoy, a las 11: 00 a.m., en la basílica de San Pedro del Vaticano. La misa será oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Angelo Sodano. El Papa pronunciará la homilía. El cardenal López Trujillo, quien era presidente del Consejo Pontificio para la Familia, falleció el pasado sábado la clínica Pío XI de Roma debido a una insuficiencia respiratoria. Con su muerte, el Colegio Cardenalicio queda con 196 integrantes.
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22 de abril de 2008
Actualizándome en mis lecturas atrasadas, estaba repasando The Econmist del 29 de marzo y en la sección de "cartas al editor" me encontré con una que Ottón Solís escribe respecto de un reporte anterior que la revista había hecho sobre la ola proteccionista que se está viviendo en Estados Unidos actualmente.
Ottón Solís fue candidato a la presidencia de Costa Rica, perdió ante Oscar Arias por una diferencia marginal por lo que tiene aún un fuerte apoyo y presencia en su país. Como característica más notable de su campaña fue la del rechazo a la inserción de su país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ya negociado. Solís quería renegociar un nuevo TLC
En su carta a The Economist, Solís de nuevo critica los TLC's con Estados Unidos y de nuevo recurre a la misma táctica que ha venido usando él y en general todos los que rechazan los TLC’s con Estados Unidos –desde Ecuador hasta Costa Rica-; Inspirar rechazo y miedo usando mañosamente verdades a medias e incluso abiertas mentiras. Y lo peor de todo es que usan a México precisamente como ejemplo elocuente de porque NO entrar en un TLC.
La carta de Solís dice: "Lejos de enfrascarse en posturas políticas sobre el NAFTA, los Demócratas cuestionan el acuerdo de libre comercio y otros como él quizá porque han visto los resultados en los Estados Unidos y sus socios comerciales. Por ejemplo, el crecimiento promedio del PNB de México desde que se estableció el NAFTA en 1994 ha sido un decepcionante 3,1%. En ese periodo México ha sido la onceaba economía que más ha crecido dentro de los países latinoamericanos continentales, ninguno de los cuales ha tenido un tratado de libre comercio de largo plazo con Estados Unidos. Aún más, la inmigración Mexicana a los Estados Unidos explotó luego del NAFTA precisamente porque el acuerdo devastó la agricultura Mexicana y sacó de sus tierras a 1,6 millones de agricultores. Agricultores, trabajadores, pequeños empresarios e intelectuales en América Latina cada vez están mas convencidos de que los acuerdos de libre comercio favorece a las empresas multinacionales. Muchos de los que vivimos en países que han ratificado acuerdos de libre comercio vemos con interés la posibilidad de revisar el NAFTA. Daríamos la bienvenida a renegociaciones que incluyan mayores estándares para la protección ambiental y derechos de los trabajadores."
Crecimiento de México
Efectivamente el crecimiento de la economía Mexicana ha sido menos que estelar, y no rebatiré los números de Solís. Pero culpar de esto al NAFTA es ignorar mañosamente los antecedentes. No se puede dejar de lado el hecho de que en 1995, 1 año después de que entró en vigor el NAFTA, México entró literalmente en la peor crisis de su historia. El sistema bancario del país estuvo a un paso del colapso y la producción industrial se desplomó dramáticamente. La crisis económica fue tan profunda y extrema como la de Argentina del 2001 y sus efectos fueron de alcance mundial.
Lo que Ottón Solís ignora ó no dice es que el recién estrenado NAFTA fue lo que permitió que el sector exportador de México fuera el puntero en la recuperación económica. El mercado nacional estaba totalmente colapsado, pero el sector exportador estaba generando empleos y creciendo fuertemente. Los efectos de esa profunda crisis recién están dejándose de sentir hoy día. En este punto es necesario recalcar que es consenso que México necesita hacer reformas económicas para poder crecer adecuadamente: Reformas a su mercado laboral, régimen fiscal, judicial e industria energética. El TLC es un elemento indispensable, pero no suficiente, esto también es consenso.
Inmigracion y el campo mexicano
De nuevo Ottón Solís hace conclusiones sin sustento alguno; Ligar la –masiva- inmigración mexicana al desempeño del campo es no solo simplista sino hasta irresponsable. Los números están ahí para el que se tome la molestia de buscarlos: Entre 1993 y el 2006 las exportaciones agropecuarias mexicanas crecieron 233%, de US$3,145 millones de dólares a 10,469. Gracias al TLC México ahora es líder exportador en productos que antes no lo era: Lechuga, ají, tomate, limón, sandía, papaya y aguacate. Asimismo en el periodo 1993-2006 las exportaciones de la industria de cárnicos mexicana a crecido formidablemente; la avícola aumento 137% y el huevo 86%.
Las razones de la inmigración mexicana tienen que ver con los flujos naturales históricos de inmigración humana. La realidad es que la economía de Estados Unidos ha estado explotando y demandando mano de obra, sobre todo en la industria de la construcción y de servicios. Una realidad es que Estados Unidos tiene un nivel de vida más alto que México y se vive mejor siendo mesero en Estados Unidos que siéndolo en México. No es diferente al Griego ó Croata que prefiere irse a trabajar a Francia ó Alemania. Leyes de oferta y demanda funcionando abiertamente. Yo mismo trabajo en Estados Unidos porque mi labor es mejor pagada en éste país que en México y que en Costa Rica también.
Un último punto. Es consenso también que las posturas de los Demócratas en contra del TLC son 100% políticas y no se pueden separar de la ola proteccionista que se vive actualmente en Estados Unidos. Esta ola de proteccionismo clama la afectación que el TLC ha traído a los estadounidenses. Afectación? El nivel de desempleo ha sido históricamente bajo en los últimos años y la economía estadounidense permanece siendo la más competitiva del mundo. Lo que Estados Unidos ha perdido en industria manufacturera –que lo ha perdido- lo ha ganado y con creces en industria tecnológica y servicios.
Y por el lado de México un último punto que puedo hacer es: México exporta virtualmente el 50% de lo que exporta todo América Latina, gracias al TLC. No se pueden exportar 200 mil millones de dólares en el 2007 sin pensar en una masiva utilización de mano de obra. Reitero que siento respeto por Ottón Solís, persona de profundo pensamiento y gran debate. Pero no puedo quedarme sentado viendo como utilizan a México como ejemplo negativo cuando los hechos saltan a la simple vista. Y menos viniendo de un economista por la UCR y Maestría en Economía por la Universidad de Manchester.
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Commentaires
Muy interesante blog! Hace poco leí un reportaje sobre el mismo tema en un portal colombiano dedicado a proveer información electoral y sobre los candidatos en Colombia, especialmente lo relacionado con las elecciones 2010 en Colombia y con los candidatos al congreso y a la presidencia.
Écrit par : Elecciones | 22.02.2009
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